¿Quién debe indemnizar a las familias de las víctimas italianas de los nazis?

Varios tribunales italianos dicen que Alemania, la justicia internacional dice que no, pero es una disputa legal en curso.

Desde hace algún tiempo se libra una batalla legal entre las familias de las víctimas de los crímenes de guerra cometidos por los nazis en Italia entre 1939 y 1945 y la República Federal de Alemania.

El Tribunal Internacional de Justicia, el gobierno italiano con un decreto-ley y, en los últimos días, un juez del tribunal civil de Roma que, en su decisión, impugnó el decreto gubernamental, han intervenido en la disputa. Se trata de dos principios: por un lado, la imposibilidad de que un Estado ejerza jurisdicción sobre otro Estado y, por otro, la inviolabilidad de los derechos humanos.

Se trata de una cuestión compleja que también podría tener consecuencias para lo que ocurra en el futuro si los familiares de las víctimas ucranianas deciden presentar una demanda contra el gobierno ruso.

En los últimos años, algunos familiares de víctimas del nazismo ganaron una serie de pleitos contra la República Federal de Alemania: las reparaciones decididas por los tribunales italianos y aprobadas por ley, convirtiéndose así en ejecutables, sin embargo nunca han sido pagadas por Alemania, que siempre se ha opuesto a ello, señalando que, tras los Acuerdos de Bonn de 1962, ya había pagado a Italia 40 millones de marcos alemanes, equivalentes a unos 1.500 millones de euros actuales. En los Acuerdos de Bonn estaba escrito entre otras cosas:

Quedan resueltas todas las reclamaciones y demandas de la República Italiana, o de personas físicas o jurídicas italianas, aún pendientes contra la República Federal de Alemania o contra personas físicas o jurídicas alemanas, siempre que se deriven de derechos o motivos nacidos en el período comprendido entre el 1 de septiembre de 1939 y el 8 de mayo de 1945.

En resumen, Alemania estableció que con esos 40 millones de marcos debían satisfacerse todas las reclamaciones de indemnización: sin embargo, estaban destinados al Estado italiano y no a los familiares de las víctimas.

En la práctica, Alemania alega que su “inmunidad jurisdiccional” fue violada por Italia, que siguió permitiendo a las víctimas de los crímenes de guerra nazis reclamar reparaciones. Es una reivindicación que se apoya en la norma que responde al principio Par in parem non habet imperium: es decir, el igual (un Estado) no tiene jurisdicción sobre su igual (otro Estado). Esto es así incluso ante graves violaciones de los derechos humanos.

En 2012, una sentencia de la Corte Internacional de Justicia, el tribunal que dirime los litigios entre Estados pertenecientes a la ONU y con sede en La Haya, había fallado a favor de Alemania, alegando que las demandas de las familias de las víctimas italianas violaban el derecho internacional. En 2014, el Tribunal Constitucional italiano, en una sentencia muy elaborada, estableció en cambio:

la prevalencia del principio y del metavalor del respeto de los derechos inviolables frente a los delicta imperii, es decir, los actos realizados en violación de las normas internacionales de ius cogens que determinan la ruptura de un poder soberano reconocible como tal; con la consiguiente recesión del principio de inmunidad del Estado, que no constituye un derecho sino una “prerrogativa” del Estado-nación (…).

En esencia, estableció la inaplicabilidad del principio de inmunidad del Estado en el caso de Estados que no respetaran los derechos humanos inviolables, como en el caso de la Alemania nazi. Sin embargo, Alemania siguió manteniendo que no tenía que pagar reparaciones.

Incluso después de la sentencia del Tribunal Internacional de 2012, se presentaron 25 demandas en Italia contra el Estado alemán. En al menos 15 procedimientos, alegó Alemania, los tribunales nacionales italianos examinaron y autorizaron las demandas.

Los que obtuvieron decisiones favorables de los tribunales italianos fueron familiares de antiguos Imi, es decir, militares italianos internados y víctimas de Fosse Ardeatine (Roma, 335 asesinados el 24 de marzo de 1944) y Fucecchio (Florencia, 174 asesinados el 23 de agosto de 1944), miembros de la comunidad judía, descendientes de partisanos.

La cuestión de las reparaciones volvió a plantearse tras los juicios ganados por los hijos de Giorgio Angelantonio, que después del 8 de septiembre de 1943 se negó a alistarse en las SS y por ello fue trasladado al campo de concentración de Dachau, en Alemania, el primero abierto por los nazis, y de Gualberto Cavallina, partisano de la 14ª Brigada Garibaldi Trieste que, capturado el 25 de noviembre de 1944, fue deportado primero a Dachau y después a Natzweiler, el único campo de concentración construido por los alemanes en territorio francés.

En este último caso, los familiares del partisano, representados por el bufete de abogados de Fabio Anselmo (abogado de las familias de Federico Aldrovandi y Stefano Cucchi), obtuvieron una indemnización de 100.000 euros, decidida por los tribunales italianos.

Esa indemnización, como en los demás casos, nunca fue pagada por el gobierno alemán. En mayo de 2022 se esperaba una sentencia que podría decidir el embargo directo de algunos bienes alemanes en Italia, incluida la sede del instituto cultural estatal Goethe-Institut en Roma.

Para intentar cerrar el asunto y evitar nuevos enfrentamientos con Alemania, el 30 de abril de 2022, el gobierno presidido por Mario Draghi aprobó un decreto-ley que establecía nuevas normas para “la indemnización de los daños sufridos por las víctimas de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos contra ciudadanos italianos por las fuerzas del Tercer Reich en el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 1939 y el 8 de mayo de 1945”.

El decreto-ley impuso un límite, el 30 de mayo de 2022, a “todos los casos en los que las víctimas de deportación y tortura, y sus herederos, hayan solicitado a Alemania una indemnización: pasado ese plazo, ya no es posible actuar”. Con el decreto, se creó un fondo de reparaciones de 55.424.000 euros con dinero recaudado del Fondo para Necesidades Ineludibles y del Fondo para Intervenciones Estructurales de Política Económica.

En la práctica, con el decreto, Italia sustituyó a Alemania en las reparaciones y liberó definitivamente al Estado alemán de la responsabilidad de tener que pagarlas. Sin embargo, el decreto ley había suscitado muchas protestas.

Giulio Disegni, vicepresidente de las Comunidades Judías Italianas, en declaraciones a Repubblica, había declarado: “el decreto ley nos ha dejado consternados, empezando por el instrumento elegido, urgente, cuando se habla de crímenes de guerra, tan graves e imprescriptibles, al que en cambio se fija un término definitivo. Las preocupaciones no son de las comunidades judías, sino que conciernen a toda la sociedad civil. Estamos ansiosos por garantizar la posibilidad de recurso contra quienes han destrozado familias y afectos”.

La suma asignada se destinó a 80 personas que habían ganado el juicio, siempre que fuera firme, pero también se prometió a quienes un tribunal les diera la razón en los tres meses siguientes. Giuliano Arria, abogado de algunos familiares de las víctimas, declaró: “Es una burla más para quienes, olvidados durante 70 años, se les ha pedido urgentemente que abran un juicio”.

Ahora es la juez Miriam Iappelli, del tribunal civil de Roma, quien ha impugnado de hecho la decisión del gobierno de Draghi. Decidió recurrir de nuevo al Tribunal Constitucional, alegando que los acreedores del gobierno alemán tienen derecho a embargar bienes alemanes en Italia:

Los acreedores, cuyo derecho a ver la violación de derechos personales inviolables, llevada a cabo en territorio italiano por las fuerzas del Tercer Reich, reconocido por el Tribunal Constitucional, sufrirían la supresión de su derecho a proceder a la ejecución forzosa en razón de los títulos de condena obtenidos.

Según el juez, aplicando el decreto ley del gobierno Draghi, Alemania sería el único Estado soberano de la Unión Europea que podría escapar a la ejecución forzosa de títulos de condena en su contra por violación de derechos personales inviolables.

Ahora será el Tribunal Constitucional quien decida. Fabio Anselmo, abogado de la familia de Gualberto Cavallina, afirma que se trata de “una decisión importante”. En nombre de los acuerdos entre Estados, no se puede ignorar el sufrimiento infligido a los pueblos. Nuestra Constitución no lo permite”.

Sin embargo, no todo el mundo está de acuerdo. Gianluigi Giannetti, alcalde de Fivizzano, en la provincia de Massa-Carrara, donde las SS mataron a 174 personas entre el 24 y el 27 de agosto de 1944, declaró: “No podemos continuar esta guerra, este enfrentamiento con Alemania. Después de casi 80 años”.

El alcalde de Stazzema (560 fueron asesinados el 12 de agosto de 1944), Maurizio Verona, también se muestra pesimista sobre la actuación del juez Iappelli: “Estoy de acuerdo en que los crímenes contra la humanidad son imprescriptibles y, por tanto, cualquier heredero, a su debido tiempo, tiene derecho a reclamar una indemnización justa.

Pero la posición de Alemania ha sido “blindada” por una decisión de La Haya y, por tanto, sólo el Estado italiano puede dar una respuesta a los familiares de las víctimas italianas. En Grecia, los familiares de algunas víctimas también ganaron el juicio contra el Estado alemán. El juez internacional dictaminó claramente que un ciudadano individual no puede interponer una demanda contra un Estado”.

Marco De Paolis, Fiscal General Militar ante el Tribunal de Apelación del Tribunal Militar de Roma, que ha enjuiciado unos 450 casos de crímenes de guerra militares a lo largo de los años, obteniendo más de 50 condenas en primera instancia, declaró:

Ante un drama tan profundo, radical y prolongado, llevado a cabo mediante hechos de extrema brutalidad, creo que no es posible confiar en un mecanismo de reparación basado esencialmente en la idea de que esos hechos pueden valorarse desde un punto de vista pecuniario y cuantificarse en una suma indemnizable. Además, si uno admite este camino, debe, en aras de la coherencia, recorrerlo por completo.

Si se afirma la idea de que toda violencia cometida contra civiles en la guerra debe ser indemnizada por el Estado que la cometió, ¿deberíamos indemnizar también por los mismos medios, es decir, mediante demandas individuales por daños y perjuicios en virtud de los códigos civiles, los bombardeos aliados en Italia? ¿Y las víctimas de Hiroshima y Nagasaki no tendrían también derecho a ser indemnizadas?

Mi idea es que debemos permanecer en el marco del derecho internacional, no del derecho civil. En otras palabras, la mejor manera de poner fin a esta trágica historia es un acuerdo directo entre Estados, en nuestro caso entre Italia y Alemania.