No fue casualidad que Bolivia, durante la presidencia de Enrique Peñaranda, fuera el más firme partidario en Sudamérica de la causa aliada. En 1942, poco después de que Bolivia rompiera relaciones diplomáticas con las potencias del Eje, Sumner Welles, secretario de Estado del presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt, anunció que el Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos había aprobado un préstamo de 5 millones de dólares a Bolivia.
Bolivia debía destinar 1,75 millones de dólares, es decir, un tercio de este préstamo, a indemnizar a la Standard Oil por la confiscación de sus propiedades en 1937. En 1943, la mano del Departamento de Estado de EEUU se hizo evidente de nuevo. El 7 de abril, días después de la visita de Estado del vicepresidente estadounidense Henry Wallace a Bolivia, el gobierno de Peñaranda declaró la guerra al Eje. Un mes después, el presidente Peñaranda fue recibido en Estados Unidos con más préstamos y ayuda militar.
Los países de Sudamérica respondieron de distintas maneras al estallido de la II Guerra Mundial. Aunque existía una solidaridad general con Estados Unidos en la región, las expresiones de cooperación de los distintos países fueron más cálidas en unos casos que en otros.
La mayoría de los países sudamericanos permanecieron neutrales hasta 1945 y luego declararon la guerra al Eje. Brasil y Colombia declararon la guerra sólo a Alemania y Ecuador sólo a Japón. Bolivia declaró la guerra a las potencias del Eje en su conjunto. La declaración de guerra de Bolivia la distinguió como el único país sudamericano que adoptó una posición tan amplia muy pronto, demostrando el apoyo del gobierno de Peñaranda a Estados Unidos.
La declaración de guerra boliviana también reflejó la tumultuosa política interna del país durante la década de 1940 y la tensión entre la política interior y exterior. Debido a sus proclividades fascistas, el MNR y el FSB eran partidarios del Eje. El PIR, de estilo soviético pero antifascista, favorecía a los Aliados.
La declaración de guerra, sin embargo, fue en forma de decreto ejecutivo emitido por el presidente Peñaranda. Fueron necesarios más de seis meses de amargas y acaloradas disputas para que el para que el Congreso boliviano ratificara constitucionalmente la declaración de guerra. La ratificación fue aprobada el 4 de diciembre de 1943.
La oposición al creciente papel de Estados Unidos en los asuntos bolivianos tensó peligrosamente las relaciones partidistas dentro del Congreso y con el régimen de Peñaranda. El MNR surgió como protagonista clave, derribando cinco gabinetes en tres años por sus críticas vocales a Peñaranda.
La oligarquía intentó desesperadamente desacreditar al partido. En julio de 1941, el embajador estadounidense sacó a la luz el llamado Putsch Nazi, un supuesto golpe MNR-nazi en el que participó el embajador alemán. El gobierno expulsó al embajador alemán y detuvo a presuntos nazis y activistas del MNR. En esta purga, el periódico radical La Calle, voz del partido MNR, fue asaltado y silenciado.
Los historiadores coinciden en que el Putsch nazi fue fabricado por Estados Unidos, Peñaranda y la oligarquía para reprimir a los simpatizantes fascistas. El susto nazi fue un pretexto conveniente para desacreditar al MNR, el crítico más ruidoso del acuerdo de compensación con la Standard Oil.
El tenso clima también justificó la ley marcial y la formación del Frente Democrático Antifascista, una improbable alianza entre la oligarquía y el izquierdista PIR. Tras sofocar la amenaza fascista, la represión oficial se cebó con los mineros del estaño, de quienes dependía el flujo barato de estaño boliviano para el esfuerzo bélico de las potencias aliadas.
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