La noche del 27 de febrero de 1933, el edificio del Reichstag, sede del parlamento alemán en Berlín, ardió en llamas. El incendio, que destruyó la cámara plenaria y dañó gravemente la estructura, se convirtió en uno de los acontecimientos más decisivos del siglo XX. No por el fuego en sí, sino por las consecuencias políticas que desencadenó. En apenas unas horas, Adolf Hitler, canciller desde hacía menos de un mes, utilizó el incendio como pretexto para suspender las libertades civiles, perseguir a la oposición política y sentar las bases de la dictadura nazi. Aquella noche, la República de Weimar , la primera democracia alemana, recibió su golpe mortal.
El contexto: Alemania en enero de 1933
Para comprender el impacto del incendio del Reichstag es necesario situarlo en su contexto político. Adolf Hitler había sido nombrado canciller el 30 de enero de 1933 por el presidente Paul von Hindenburg, no tras una victoria electoral arrolladora sino como resultado de las intrigas de un círculo de conservadores que creían poder controlar al líder nazi y utilizarlo para sus propios fines.
El gobierno de Hitler era inicialmente una coalición en la que los nazis ocupaban solo tres de once ministerios. Sin embargo, Hitler controlaba los dos que más importaban para sus planes: la Cancillería y el Ministerio del Interior de Prusia, este último a través de Hermann Göring, que le daba autoridad sobre la policía del mayor estado alemán.
Hitler convocó nuevas elecciones para el 5 de marzo de 1933, confiando en que el control de los resortes del estado le permitiría obtener la mayoría que necesitaba para gobernar sin restricciones. Las semanas previas al incendio estuvieron marcadas por una violencia creciente: las SA y las SS atacaban a opositores políticos con impunidad mientras Göring purgaba la policía prusiana e incorporaba a miembros de las SA como policía auxiliar.
La noche del incendio
El 27 de febrero de 1933, hacia las nueve de la noche, un transeúnte alertó a la policía de que se veían llamas en el interior del Reichstag. Cuando los bomberos llegaron, el fuego se había extendido con rapidez y la cámara plenaria estaba completamente envuelta en llamas. La estructura del edificio, con sus techos altos, cortinajes y mobiliario de madera, favoreció la propagación.
En el interior fue detenido Marinus van der Lubbe, un joven holandés de veinticuatro años, excomunista y albañil desempleado que portaba material incendiario. Van der Lubbe confesó inmediatamente ser el autor del incendio y mantuvo durante todo el proceso judicial posterior que había actuado solo, como protesta contra el capitalismo y el gobierno nazi.
Hitler llegó al Reichstag mientras el edificio aún ardía. Acompañado por Göring y Joseph Goebbels, el canciller declaró inmediatamente que el incendio era obra de una conspiración comunista, el primer paso de un plan revolucionario para derrocar al estado. «Ahora no habrá misericordia», afirmó Hitler ante los presentes. «Quien se ponga en nuestro camino será aplastado.»
Göring, por su parte, ordenó esa misma noche la detención de todos los diputados comunistas y de numerosos socialdemócratas, sindicalistas e intelectuales de izquierda. Las listas de personas a detener estaban preparadas de antemano, lo que sugiere que el régimen esperaba —o sabía— que algo así iba a ocurrir.
El Decreto del Incendio del Reichstag
Al día siguiente, el 28 de febrero, Hitler presentó al presidente Hindenburg el «Decreto para la protección del pueblo y del Estado» (Verordnung zum Schutz von Volk und Staat), conocido como el Decreto del Incendio del Reichstag. Hindenburg lo firmó invocando el artículo 48 de la Constitución de Weimar, que permitía al presidente suspender derechos fundamentales en situaciones de emergencia.
El decreto suspendía las libertades de expresión, prensa, reunión y asociación. Eliminaba la inviolabilidad del domicilio y del correo. Permitía la detención preventiva indefinida sin orden judicial. Autorizaba al gobierno central a intervenir en los estados federados que no garantizaran el «orden público». En la práctica, el decreto abolió el estado de derecho en Alemania de un plumazo.
Lo más extraordinario del decreto fue su duración: nunca fue revocado. Permaneció en vigor durante los doce años del Tercer Reich, constituyendo la base legal —si puede llamarse así— sobre la que se edificó todo el aparato represivo nazi. Los campos de concentración, la persecución de los judíos, la supresión de los partidos políticos y los sindicatos, todo ello se amparó formalmente en este decreto de emergencia emitido la mañana después del incendio.
Las elecciones del 5 de marzo y la Ley Habilitante
Las elecciones del 5 de marzo de 1933 se celebraron en un clima de terror. Miles de opositores habían sido detenidos, la prensa de izquierda había sido cerrada y las SA patrullaban las calles. A pesar de estas condiciones, los nazis obtuvieron el 43,9 % de los votos, una cifra notable pero insuficiente para la mayoría de dos tercios que Hitler necesitaba para reformar la constitución.
La solución fue la Ley Habilitante (Ermächtigungsgesetz), aprobada el 23 de marzo de 1933 con los votos de los nazis, los conservadores del DNVP y el Partido del Centro católico. Los diputados comunistas no pudieron votar porque estaban detenidos o en la clandestinidad, y los socialdemócratas, los únicos que votaron en contra, lo hicieron sabiendo que era un gesto simbólico.
La Ley Habilitante otorgaba al gobierno la facultad de legislar sin el parlamento, incluyendo la modificación de la constitución. Era, en esencia, la legalización de la dictadura. Otto Wels, líder del Partido Socialdemócrata, pronunció un último discurso valiente en defensa de la democracia antes de la votación. «Nos pueden quitar la libertad y la vida, pero no el honor», declaró. Fue el último discurso libre pronunciado en el Reichstag hasta la caída del nazismo.
¿Quién incendió el Reichstag?
La pregunta sobre la autoría real del incendio ha generado un debate que se prolonga hasta hoy y que explica por qué este episodio se clasifica entre los mitos y leyendas de la SGM, aunque técnicamente sea un acontecimiento anterior al conflicto.
Existen tres teorías principales:
La primera sostiene que Van der Lubbe actuó solo, tal como él mismo declaró. Esta teoría, apoyada por historiadores como Fritz Tobias y Hans Mommsen, argumenta que un individuo motivado con conocimientos de albañilería podría haber provocado el incendio utilizando los materiales que portaba. La velocidad de propagación se explicaría por las características del edificio y las condiciones atmosféricas.
La segunda teoría afirma que los nazis provocaron el incendio o colaboraron con Van der Lubbe para proporcionarle acceso al edificio. Esta versión señala la rapidez con que el régimen explotó el acontecimiento, las listas de detenidos preparadas de antemano y la existencia de un túnel subterráneo que conectaba el Reichstag con el palacio de Göring, que podría haber sido utilizado para introducir a incendiarios. Esta fue la posición mantenida por la propaganda comunista y por muchos historiadores durante décadas.
La tercera teoría sugiere que los comunistas sí estuvieron implicados, como los nazis afirmaron. Esta versión ha sido generalmente descartada por la historiografía, ya que no se han encontrado pruebas de una conspiración comunista y el Partido Comunista Alemán no tenía nada que ganar con un incendio que inevitablemente provocaría la represión que efectivamente siguió.
El consenso historiográfico actual se inclina hacia la primera teoría: Van der Lubbe actuó probablemente solo, y los nazis simplemente aprovecharon un acontecimiento inesperado con una rapidez y eficacia que revelan su disposición previa a actuar contra la democracia en cuanto se presentara la oportunidad.
El juicio de Leipzig
En septiembre de 1933, se celebró en Leipzig el juicio por el incendio del Reichstag. Junto a Van der Lubbe, fueron acusados cuatro comunistas: el búlgaro Georgi Dimitrov, secretario general de la Internacional Comunista, y tres alemanes.
El juicio se convirtió en un espectáculo propagandístico que no salió como los nazis esperaban. Dimitrov, que ejerció su propia defensa con brillantez, humilló a Göring en el estrado con preguntas incisivas que pusieron en evidencia la falta de pruebas contra los acusados comunistas. El tribunal acabó absolviendo a Dimitrov y a los otros tres acusados por falta de pruebas, condenando únicamente a Van der Lubbe a muerte.
Van der Lubbe fue ejecutado por decapitación en enero de 1934. Su condena fue controvertida incluso desde el punto de vista legal, ya que la pena de muerte por incendio provocado fue introducida retroactivamente por el régimen nazi después del hecho, en violación del principio de irretroactividad penal.
Las consecuencias: el fin de la democracia alemana
El incendio del Reichstag fue el catalizador que permitió a Hitler transformar una cancillería democráticamente precaria en una dictadura totalitaria en cuestión de semanas. La secuencia de acontecimientos fue devastadoramente eficaz: incendio, decreto de emergencia, elecciones bajo el terror, Ley Habilitante, prohibición de los partidos políticos, y finalmente la fusión de los cargos de canciller y presidente tras la muerte de Hindenburg en agosto de 1934.
Sin el incendio, Hitler habría encontrado sin duda otro pretexto para consolidar su poder. Los planes para la supresión de las libertades existían antes del 27 de febrero. Pero el incendio proporcionó la justificación emocional perfecta: la amenaza de una revolución comunista que exigía medidas drásticas e inmediatas. El miedo, hábilmente manipulado, hizo el resto.
El Reichstag como edificio sobrevivió, dañado pero en pie. No fue restaurado durante el Tercer Reich; los nazis no necesitaban un parlamento funcional. El edificio languideció durante la guerra, sufrió nuevos daños durante la batalla de Berlín en 1945 —la célebre fotografía de la bandera soviética izada sobre sus ruinas se convirtió en un icono del final de la guerra— y no fue completamente restaurado hasta la reunificación alemana en 1990, cuando volvió a acoger al Bundestag tras la renovación del arquitecto Norman Foster.
Lecciones de una noche de fuego
El incendio del Reichstag permanece como una advertencia sobre la fragilidad de la democracia. Demostró cómo una crisis —real o fabricada— puede ser utilizada para desmantelar libertades fundamentales con el consentimiento de una sociedad atemorizada. Los mecanismos empleados por los nazis —el decreto de emergencia, la suspensión de derechos «temporal» que se convierte en permanente, la criminalización de la oposición— se han repetido en otros contextos históricos.
La expresión «incendio del Reichstag» se ha convertido en un término político que designa cualquier acontecimiento utilizado por un gobierno para justificar la restricción de libertades. Es un recordatorio de que las democracias no mueren solo por golpes de estado militares: pueden ser destruidas desde dentro, utilizando sus propias instituciones y procedimientos legales, si la sociedad no está vigilante.