Cuando las armas callaron en el Pacífico en agosto de 1945, quedaba pendiente una cuestión que la comunidad internacional no podía eludir: la responsabilidad de los dirigentes japoneses por una guerra de agresión que había causado millones de muertos y sufrimientos inenarrables en toda Asia y el Pacífico. Al igual que los juicios de Núremberg en Europa juzgaron a los líderes nazis, el Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente, conocido como los juicios de Tokio, se propuso llevar ante la justicia a los máximos responsables de la agresión japonesa. Lo que ocurrió en aquella sala del antiguo cuartel general del ejército imperial entre 1946 y 1948 fue un proceso judicial sin precedentes que, pese a sus logros, dejó tantas preguntas abiertas como respuestas ofreció.
El marco jurídico del tribunal
El Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente (IMTFE, por sus siglas en inglés) fue establecido mediante una proclamación especial del general Douglas MacArthur , Comandante Supremo de las Potencias Aliadas en Japón, el 19 de enero de 1946. A diferencia de los juicios de Núremberg , que fueron establecidos por un acuerdo entre las cuatro potencias ocupantes de Alemania, el tribunal de Tokio fue creado por decisión unilateral estadounidense, lo que desde el principio generó controversia sobre su legitimidad y su imparcialidad.
La carta constitutiva del tribunal definió tres categorías de crímenes, siguiendo el modelo de Núremberg. Los crímenes de Clase A eran los crímenes contra la paz, es decir, la planificación, preparación, inicio o ejecución de guerras de agresión. Los crímenes de Clase B eran crímenes de guerra convencionales, como el maltrato de prisioneros o el asesinato de civiles. Los crímenes de Clase C eran crímenes contra la humanidad, incluyendo el asesinato, la esclavitud y la persecución por motivos políticos o raciales.
El tribunal estuvo compuesto por once jueces, uno por cada una de las naciones signatarias del instrumento de rendición de Japón: Australia, Canadá, China, Estados Unidos, Filipinas, Francia, India, Nueva Zelanda, Países Bajos, Reino Unido y la Unión Soviética. La presidencia recayó en el juez australiano Sir William Webb. La fiscalía estuvo dirigida por Joseph Keenan, un fiscal estadounidense con experiencia en la lucha contra el crimen organizado pero sin formación específica en derecho internacional.
Los acusados
El tribunal procesó a 28 acusados de crímenes de Clase A, los más altos dirigentes militares y civiles del Japón imperial que habían participado en la planificación y ejecución de la guerra. El más prominente era Hideki Tojo , primer ministro de Japón durante el ataque a Pearl Harbor y la mayor parte de la guerra. Tojo había intentado suicidarse con un disparo en el pecho cuando fue arrestado en septiembre de 1945, pero sobrevivió y fue salvado irónicamente por médicos estadounidenses para enfrentar el juicio.
Entre los demás acusados se encontraban figuras clave del aparato militar y político japonés. El general Kenji Doihara, conocido como el Lawrence de Manchuria por sus operaciones de inteligencia en China. Koki Hirota, el único civil condenado a muerte, que había sido primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores. El general Iwane Matsui, comandante de las fuerzas japonesas durante la masacre de Nankín. El general Akira Muto, jefe de estado mayor en Filipinas durante las atrocidades cometidas en Manila. Y Mamoru Shigemitsu, ministro de Asuntos Exteriores que había firmado el acta de rendición a bordo del USS Missouri.
Dos acusados murieron durante el juicio por causas naturales: el exministro de la Marina Osami Nagano y el diplomático Yosuke Matsuoka. Un tercer acusado, Shumei Okawa, un ideólogo ultranacionalista que había abofeteado a Tojo durante la primera sesión del tribunal, fue declarado mentalmente incompetente y retirado del proceso.
El desarrollo del juicio
Las sesiones comenzaron el 3 de mayo de 1946 en el antiguo edificio del cuartel general del ejército imperial en Ichigaya, Tokio. El juicio se prolongó durante dos años y medio, convirtiéndose en uno de los procesos judiciales más largos de la historia. Se celebraron 818 sesiones públicas, se presentaron 4.356 pruebas documentales y declararon 419 testigos.
La fiscalía construyó su caso sobre la tesis de que existía una conspiración continuada por parte de los dirigentes japoneses para librar una guerra de agresión, un plan maestro que se remontaba a 1928 y que había culminado en la invasión de Manchuria en 1931, la guerra contra China desde 1937 y el ataque a Pearl Harbor en 1941. Según esta interpretación, la agresión japonesa no había sido una serie de decisiones aisladas sino el resultado de una política deliberada y coordinada de expansión imperial.
La defensa argumentó que Japón había actuado en legítima defensa ante el cerco económico impuesto por Estados Unidos, el Reino Unido y los Países Bajos, que habían cortado el suministro de petróleo y materias primas vitales para la economía japonesa. Los abogados defensores también cuestionaron la legitimidad del tribunal, sosteniendo que los crímenes contra la paz no estaban definidos en el derecho internacional existente en el momento de su comisión y que, por tanto, juzgar a los acusados por ellos violaba el principio de irretroactividad penal.
El proceso acumuló un volumen de documentación abrumador. La transcripción oficial del juicio ocupó más de 48.000 páginas. Los testimonios abarcaron desde la política exterior japonesa de los años veinte hasta las atrocidades cometidas en los campos de prisioneros y los territorios ocupados. Se presentaron pruebas detalladas sobre la masacre de Nankín , la marcha de Bataan , los experimentos biológicos y el trato a los prisioneros de guerra.
Los veredictos y las sentencias
El 12 de noviembre de 1948, el tribunal dictó sus veredictos. Los 25 acusados que llegaron al final del proceso fueron declarados culpables. Siete fueron condenados a muerte por ahorcamiento: Tojo, Doihara, Hirota, Matsui, Muto, el general Seishiro Itagaki y el general Heitaro Kimura. Las ejecuciones se llevaron a cabo en la prisión de Sugamo, Tokio, en la madrugada del 23 de diciembre de 1948, una fecha elegida deliberadamente para que coincidiera con el cumpleaños del emperador Hirohito, según algunas fuentes, como un recordatorio de la responsabilidad imperial.
Dieciséis acusados fueron condenados a cadena perpetua, aunque la mayoría fueron liberados a lo largo de la década de 1950 como parte de la política de reconciliación impulsada por la Guerra Fría. Shigemitsu fue condenado a siete años de prisión y posteriormente rehabilitado, llegando a servir como ministro de Asuntos Exteriores del Japón democrático en los años cincuenta. Shigenori Togo, otro diplomático, fue condenado a veinte años.
Las opiniones disidentes
A diferencia de Núremberg, donde los jueces emitieron un veredicto sustancialmente unánime, el tribunal de Tokio estuvo dividido. Tres jueces presentaron opiniones disidentes que cuestionaban aspectos fundamentales del proceso y que, con el paso del tiempo, han cobrado una relevancia historiográfica considerable.
La más célebre fue la del juez indio Radhabinod Pal, quien emitió un extenso voto particular en el que absolvía a todos los acusados. Pal argumentaba que el tribunal carecía de jurisdicción legítima, que los crímenes contra la paz no existían como categoría jurídica en el momento de los hechos y que la acusación de conspiración era insostenible. Además, sostuvo que las potencias occidentales habían provocado la guerra japonesa mediante su política imperialista en Asia y sus sanciones económicas. La opinión de Pal fue suprimida durante la ocupación, pero tras el fin de la misma se convirtió en un texto muy citado por los sectores nacionalistas japoneses que rechazan la culpabilidad de Japón en la guerra.
El juez holandés Bert Röling emitió una opinión parcialmente disidente en la que cuestionaba la condena a muerte de algunos acusados y la tesis de la conspiración, pero aceptaba la jurisdicción del tribunal y la culpabilidad de la mayoría de los procesados. El juez francés Henri Bernard cuestionó los procedimientos del tribunal pero no los veredictos en sí.
Comparación con Núremberg
Los juicios de Tokio se inspiraron directamente en el modelo de Núremberg, pero difirieron en aspectos significativos. En Núremberg, las cuatro potencias ocupantes participaron en pie de igualdad en la creación y dirección del tribunal. En Tokio, el proceso fue esencialmente estadounidense, lo que comprometió su apariencia de imparcialidad. El fiscal jefe, los recursos principales y las decisiones estratégicas procedían de Washington.
En Núremberg, los crímenes del Holocausto proporcionaron un núcleo de atrocidades tan extremas que la legitimidad moral del tribunal resultaba difícil de cuestionar. En Tokio, aunque los crímenes de guerra japoneses fueron terribles, incluidos la masacre de Nankín, los experimentos de la Unidad 731 y el maltrato sistemático de prisioneros, la fiscalía centró su caso en los crímenes contra la paz más que en los crímenes de guerra específicos, lo que debilitó el impacto emocional del proceso.
Una diferencia crucial fue la cuestión del emperador. En Núremberg, Hitler estaba muerto y los principales líderes nazis fueron juzgados sin excepción. En Tokio, la decisión de MacArthur de eximir a Hirohito de todo procesamiento socavó la credibilidad del tribunal. Si el emperador, en cuyo nombre se habían librado todas las guerras de agresión, era inocente, ¿cómo podían ser culpables sus subordinados? Esta contradicción fue señalada por varios acusados y por el juez Pal, y sigue siendo el punto más débil de la justificación del tribunal.
Otra omisión significativa fue el programa de armas biológicas de la Unidad 731, dirigido por el general Shiro Ishii. A pesar de las pruebas abrumadoras de experimentación humana con prisioneros de guerra, Ishii y su equipo fueron eximidos de procesamiento a cambio de compartir sus datos de investigación con los científicos militares estadounidenses. Esta transacción, mantenida en secreto durante décadas, representó una de las decisiones más cínicas de la posguerra.
Los juicios menores
Además del tribunal principal de Tokio, se celebraron miles de juicios por crímenes de guerra de Clase B y C ante tribunales militares de las distintas potencias aliadas en toda Asia y el Pacífico. Estos juicios procesaron a militares de menor rango acusados de crímenes concretos: maltrato de prisioneros, ejecuciones sumarias, trabajo forzado y violaciones.
En total, aproximadamente 5.700 japoneses fueron juzgados por tribunales militares aliados en países como China, Filipinas, Australia, el Reino Unido y los Países Bajos. De ellos, unos 920 fueron condenados a muerte y ejecutados. Estos procesos, menos conocidos que los juicios de Tokio, abordaron la dimensión más concreta y humana de los crímenes de guerra japoneses, juzgando a los perpetradores directos más que a los planificadores estratégicos.
La justicia en estos tribunales menores fue desigual. Algunos procesos fueron rigurosos y justos, pero otros se caracterizaron por procedimientos apresurados, pruebas insuficientes y sentencias desproporcionadas. El idioma fue a menudo una barrera, y muchos acusados no tuvieron acceso a una defensa adecuada. La calidad de la justicia dependió en gran medida de la potencia que administraba el tribunal y de las circunstancias locales.
El legado de los juicios de Tokio
Los juicios de Tokio establecieron precedentes importantes en el derecho internacional, consolidando la responsabilidad penal individual de los dirigentes que planifican guerras de agresión. Junto con Núremberg, sentaron las bases de lo que décadas después se convertiría en la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, el legado de los juicios es profundamente ambiguo. En Japón, los procesos fueron percibidos por muchos como justicia de los vencedores, una imposición del poder militar estadounidense disfrazada de legalidad. La liberación progresiva de los condenados a cadena perpetua durante la década de 1950, cuando la Guerra Fría hizo de Japón un aliado indispensable, reforzó la percepción de que la justicia había sido instrumental y selectiva.
A diferencia de Alemania, donde los juicios de Núremberg y los procesos posteriores contribuyeron a un profundo examen de conciencia colectivo, los juicios de Tokio no produjeron una reflexión equivalente en la sociedad japonesa sobre su responsabilidad en la guerra. Las razones son múltiples: la exención del emperador, la rehabilitación de los condenados, la narrativa victimista centrada en Hiroshima y Nagasaki, y la presión estadounidense para pasar página en el contexto de la Guerra Fría.
Las consecuencias de esta ausencia de ajuste de cuentas siguen siendo visibles. Las disputas entre Japón y sus vecinos asiáticos sobre el reconocimiento de los crímenes de guerra, la controversia sobre los libros de texto escolares y las visitas de primeros ministros japoneses al santuario de Yasukuni, donde están consagrados varios condenados en Tokio como mártires, son herencias directas de un proceso judicial que, pese a sus ambiciones, no logró establecer una verdad histórica aceptada por todas las partes.