El 26 de julio de 1941, el presidente Franklin D. Roosevelt firmó la orden ejecutiva que congelaba todos los activos japoneses en Estados Unidos e imponía un embargo total de exportaciones de petróleo a Japón. Con un solo trazo de pluma, Japón perdió el acceso al 80 por ciento de su suministro de crudo. Para un país sin yacimientos petrolíferos propios, cuya marina de guerra y fuerza aérea dependían completamente del petróleo importado, el embargo equivalía a una sentencia de muerte a plazo fijo: en un año y medio, las reservas se agotarían y la maquinaria militar se pararía. El embargo no fue la causa de la guerra en el Pacífico —las raíces del conflicto eran mucho más profundas—, pero fue el detonante que convirtió la guerra en inevitable y fijó el calendario del ataque a Pearl Harbor.
El contexto: la expansión japonesa
Desde la invasión de Manchuria en 1931, Japón había seguido una política expansionista que lo enfrentaba progresivamente con las potencias occidentales. La guerra a gran escala contra China, iniciada en 1937, consumía enormes recursos sin perspectivas de una victoria decisiva. El militarismo japonés había apostado por la conquista como solución a los problemas económicos del país, pero la conquista generaba necesidades de recursos aún mayores.
La dependencia energética de Japón era su talón de Aquiles. El país importaba el 90 por ciento de su petróleo, principalmente de Estados Unidos (80 por ciento) y las Indias Orientales Neerlandesas (10 por ciento). Sin petróleo, los barcos de guerra no podían navegar, los aviones no podían volar y los tanques no podían moverse. Los estrategas japoneses eran plenamente conscientes de esta vulnerabilidad.
Estados Unidos había mantenido una política ambigua hacia Japón durante los años treinta. Washington desaprobaba la agresión japonesa en China y había expresado su oposición diplomática, pero las sanciones económicas habían sido limitadas. El comercio bilateral, incluyendo las exportaciones de petróleo y chatarra de hierro, continuó incluso después del inicio de la guerra chino-japonesa. Para muchos críticos, Estados Unidos estaba financiando indirectamente la agresión que condenaba verbalmente.
La escalada de sanciones
La situación cambió drásticamente a partir de 1940. La caída de Francia y los Países Bajos ante Alemania dejó a sus colonias asiáticas —Indochina francesa, las Indias Orientales Neerlandesas— vulnerables y sin protección. Japón vio una oportunidad histórica para apoderarse de los recursos del sudeste asiático: petróleo, caucho, estaño y arroz.
En septiembre de 1940, Japón forzó al gobierno colonial francés de Vichy a aceptar la presencia de tropas japonesas en el norte de Indochina. Estados Unidos respondió con un embargo parcial: prohibió la exportación de chatarra de hierro y acero a Japón. Era una advertencia, pero no una amenaza existencial.
La escalada continuó en julio de 1941, cuando Japón ocupó el sur de Indochina, posicionando sus fuerzas a distancia de ataque de Malasia, Singapur y las Indias Orientales Neerlandesas. Este movimiento cruzó la línea roja de Washington. Roosevelt respondió con la congelación de activos y el embargo petrolero total, medidas que fueron secundadas inmediatamente por el Reino Unido y los Países Bajos (que controlaban las Indias Orientales).
El impacto del embargo
El embargo fue devastador para Japón. Las reservas de petróleo de la marina imperial japonesa, estimadas en unos 50 millones de barriles, se consumirían en un año y medio de operaciones normales y mucho más rápido en caso de guerra. Sin nuevas fuentes de suministro, la capacidad militar japonesa se degradaría hasta la impotencia.
El dilema japonés era brutal: o negociaban una retirada de China y el sudeste asiático a cambio del levantamiento del embargo —lo que los militaristas consideraban una humillación inaceptable— o conquistaban por la fuerza los campos petrolíferos de las Indias Orientales Neerlandesas, lo que significaba la guerra contra Estados Unidos, el Reino Unido y los Países Bajos.
Las negociaciones diplomáticas entre Japón y Estados Unidos continuaron durante el otoño de 1941, pero las posiciones eran irreconciliables. Estados Unidos exigía la retirada japonesa de China e Indochina como condición para levantar el embargo. Japón no estaba dispuesto a renunciar a años de conquistas y a aceptar lo que percibía como una imposición humillante de una potencia occidental.
La decisión de la guerra
En una serie de conferencias imperiales celebradas entre septiembre y noviembre de 1941, los líderes militares japoneses presentaron al emperador Hirohito las opciones: negociar la paz renunciando a las conquistas, o lanzar un ataque preventivo que destruyera la flota estadounidense del Pacífico y permitiera la conquista rápida de un perímetro defensivo en el sudeste asiático.
El almirante Isoroku Yamamoto, comandante de la Flota Combinada, expresó su famosa advertencia: «En los primeros seis meses a un año podré causar estragos. Pero si la guerra se prolonga más de eso, no tengo confianza en la victoria final». Yamamoto conocía la capacidad industrial estadounidense y sabía que Japón no podía ganar una guerra prolongada. Pero si la alternativa era la asfixia económica, la apuesta desesperada parecía preferible a la rendición sin combate.
El primer ministro Hideki Tojo, representante del ala militarista, apoyó la opción de guerra. La última propuesta diplomática japonesa, presentada en noviembre de 1941, ofrecía una retirada parcial de Indochina a cambio del levantamiento del embargo, pero no incluía la retirada de China. Washington la rechazó.
El 1 de diciembre de 1941, la conferencia imperial sancionó la decisión de ir a la guerra. Seis días después, los aviones japoneses atacaron Pearl Harbor.
¿Fue el embargo una declaración de guerra encubierta?
El debate sobre si el embargo petrolero fue una medida defensiva legítima o una provocación deliberada que empujó a Japón a la guerra sigue dividiendo a los historiadores. Los defensores de Roosevelt argumentan que el embargo era la respuesta proporcionada a la agresión japonesa en el sudeste asiático y que Estados Unidos no podía seguir suministrando recursos a un estado agresor. Los críticos señalan que Washington sabía que el embargo creaba un dilema existencial para Japón y que, en la práctica, equivalía a un ultimátum que hacía la guerra casi inevitable.
La evidencia sugiere que Roosevelt buscaba ganar tiempo, no provocar una guerra inmediata. La capacidad militar estadounidense en el Pacífico aún no estaba a pleno rendimiento, y Washington habría preferido retrasar el conflicto. Pero la administración subestimó la velocidad con la que los líderes japoneses optarían por la guerra antes que por las concesiones.
El legado
El embargo petrolero a Japón demostró que las sanciones económicas, cuando afectan a recursos vitales de un estado militarista, pueden precipitar exactamente el conflicto que pretenden evitar. La lección ha sido invocada repetidamente en debates posteriores sobre sanciones internacionales.
Para Japón, el embargo confirmó lo que los planificadores militares habían argumentado durante años: la dependencia energética del exterior era una vulnerabilidad estratégica insostenible. La conquista de los campos petrolíferos del sudeste asiático fue exitosa a corto plazo —Japón controló la producción de petróleo de Borneo y Sumatra durante más de dos años—, pero los submarinos estadounidenses estrangularon progresivamente las rutas de suministro hasta que el flujo de crudo se redujo a un goteo.
La historia del embargo petrolero a Japón es, en última instancia, la historia de cómo la dependencia de los recursos naturales y la incapacidad diplomática para resolver conflictos de intereses pueden convertir una crisis económica en una catástrofe militar que costó millones de vidas en el Pacífico.